En este escenario, la jueza federal Mariel Borruto aceptó la incorporación de Tierra del Fuego a la causa, a través de la Fiscalía de Estado provincial. Su intervención tendrá un carácter accesorio, lo que le permitirá acompañar documentación, presentar argumentos y aportar elementos vinculados con el conflicto.
El expediente se originó a partir de una presentación del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas de La Plata (CECIM) y de organizaciones ambientalistas, que promovieron una acción judicial preventiva ante los posibles riesgos ambientales y las implicancias de las operaciones petroleras en el Atlántico Sur.
La prohibición alcanza a las empresas Rockhopper Exploration y Navitas Petroleum e incluye perforaciones submarinas, instalación de infraestructura, plataformas flotantes y trabajos terrestres o portuarios relacionados con el desarrollo del emprendimiento.
La continuidad de la medida responde, entre otros aspectos, a que todavía se encuentran pendientes informes requeridos a diferentes organismos nacionales. También restan cumplirse instancias de notificación a las compañías involucradas.
Por otra parte, la magistrada rechazó incorporar al Estado nacional como parte formal del expediente, al considerar que por el momento no se encuentran reunidas las condiciones para disponer esa intervención.
Un emprendimiento de gran escala
El proyecto Sea Lion está ubicado a unos 220 kilómetros al norte de las Islas Malvinas y es impulsado por Navitas Petroleum y Rockhopper Exploration. Las estimaciones empresariales ubican sus reservas probadas y probables en alrededor de 314 millones de barriles de petróleo.
La planificación contempla una producción inicial de aproximadamente 50.000 barriles diarios, con una inversión estimada en 1.800 millones de dólares para la primera etapa y otros 2.100 millones para las fases posteriores.
Las compañías proyectan iniciar la producción en marzo de 2028 y extender la explotación durante aproximadamente tres décadas.
Con Tierra del Fuego incorporada al expediente, la controversia suma un nuevo actor institucional en una causa que reúne cuestiones ambientales, jurídicas y de soberanía sobre los recursos naturales del Atlántico Sur. Por ahora, el desarrollo de Sea Lion continúa condicionado por la decisión judicial que impide avanzar con las operaciones.
