Puerto de Ushuaia: la Provincia prepara una nueva ofensiva judicial contra la intervención nacional

La prórroga dispuesta por Nación será incorporada a la causa que se tramita ante la Corte Suprema. La presentación incluirá cuestionamientos al plan de obras, el desplazamiento de trabajadores y el manejo de los fondos que genera la actividad portuaria.
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La disputa por el control del Puerto de Ushuaia suma un nuevo capítulo y volverá a quedar bajo análisis de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Tierra del Fuego prepara una ampliación de la demanda para cuestionar la decisión nacional de extender la intervención de la terminal marítima y profundizar los planteos contra su continuidad.

La estrategia fue confirmada por la secretaria de Coordinación Legal, Mariángeles Arroyo, quien adelantó que la Provincia incorporará la Resolución 69/2026 de la Agencia Nacional de Puertos y Navegación (ANPyN) como un nuevo elemento dentro del expediente judicial.

El planteo no se limitará a discutir la extensión de la medida. También buscará poner en cuestión los argumentos utilizados por Nación para justificar la intervención, particularmente aquellos relacionados con el estado de la infraestructura portuaria y las obras que se anunciaron para la terminal.

En este punto, Arroyo cuestionó el contenido del plan de infraestructura presentado por la autoridad nacional. Según detalló, de los nueve proyectos que figuran como obras en ejecución, solamente uno estaría efectivamente en marcha desde septiembre. Los restantes tienen fechas de inicio previstas entre diciembre de 2026 y diciembre de 2028.

La funcionaria también advirtió que varias de esas iniciativas ya estaban contempladas en la planificación provincial y contaban con sus respectivos trámites administrativos. Por eso, puso en duda que puedan ser presentadas como argumentos para sostener el desplazamiento de la administración fueguina.

Otro aspecto que quedó bajo cuestionamiento es el alcance de los trabajos proyectados. Para Arroyo, las intervenciones anunciadas no constituyen una modernización integral del puerto, sino reparaciones y obras de menor duración que no justifican, por sí mismas, la continuidad de la medida nacional.

La situación de los trabajadores representa otro frente de conflicto. La Provincia denunció el desplazamiento de personal de la Dirección Provincial de Puertos y remarcó que continúa pagando los salarios de empleados que quedaron fuera de la estructura administrativa que actualmente conduce la terminal.

A esta situación se agrega un reclamo por la falta de información sobre el movimiento económico del puerto. La administración fueguina exige conocer los ingresos obtenidos durante la intervención, el destino de los recursos y los mecanismos utilizados para administrar esos fondos.

Según indicó Arroyo, distintos organismos provinciales realizaron solicitudes formales para acceder a esa documentación, pero todavía no habrían obtenido respuestas que permitan conocer con precisión el estado de las cuentas.

La continuidad de la intervención también mantiene abierto el interrogante sobre el futuro de la administración portuaria, tanto por las responsabilidades económicas como por el funcionamiento de una infraestructura estratégica para la actividad comercial, turística y logística de Tierra del Fuego.

Con la incorporación de la última resolución nacional, la Provincia buscará ampliar sus argumentos ante el máximo tribunal y avanzar, en paralelo, con nuevas presentaciones administrativas.

El reclamo fueguino apunta a revertir la intervención y recuperar la conducción de la terminal. La discusión, que combina aspectos institucionales, económicos y laborales, sigue sin una resolución definitiva.

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