La decisión se tomó durante una reunión encabezada por el presidente de la institución, Gustavo García, junto al vicepresidente Jorge Giménez y los directores Adriana Soria y Horacio Gallegos, con representantes de las firmas encargadas de brindar estos servicios.
El encuentro permitió analizar las irregularidades identificadas en las auditorías realizadas por el directorio y establecer medidas para mejorar la calidad de la atención, verificar el cumplimiento de las coberturas autorizadas y garantizar que los recursos destinados a estas prestaciones se utilicen correctamente.
Entre las principales acciones se encuentra la realización de auditorías sorpresivas en los domicilios, con el propósito de comprobar que los servicios facturados a la obra social se cumplan efectivamente. También se implementará un sistema de auditorías compartidas para contrastar los reclamos y observaciones de los afiliados con las condiciones reales de atención.
Uno de los puntos centrales de la reunión fue el cumplimiento de las horas de asistencia domiciliaria autorizadas. Desde la conducción de la obra social advirtieron que las empresas deberán adecuar sus mecanismos de organización y seguimiento para garantizar que las prestaciones se brinden en su totalidad.
En ese sentido, García fue contundente al referirse a las responsabilidades de las empresas contratadas. “Si la obra social le paga 12 horas de cuidador domiciliario, 12 horas va a tener que estar el cuidador domiciliario dentro de la casa y no seis o cuatro”, afirmó.
El titular de la institución también remarcó que el vínculo con los prestadores privados debe estar orientado a garantizar una atención adecuada, sin perder de vista que los derechos de los beneficiarios constituyen la prioridad.
“Los prestadores privados son socios estratégicos de nosotros, pero hay un límite, primero siempre está el afiliado”, sostuvo García, al explicar la necesidad de fortalecer los mecanismos de supervisión y exigir el cumplimiento de las condiciones acordadas.
Las nuevas disposiciones buscan reducir las diferencias entre las prestaciones autorizadas y las efectivamente brindadas, detectar posibles incumplimientos y mejorar el seguimiento de los servicios que reciben las personas que necesitan asistencia en sus hogares.
Con estas medidas, la OSEF apunta a reforzar la fiscalización de las empresas prestadoras y garantizar que cada afiliado reciba la atención correspondiente, de acuerdo con las horas y las condiciones de cobertura establecidas.
